Las lecciones del derrame del golfo y las playas limeñas

Extraido de El Comercio (18 de julio)

Perú-Petro ha suscrito contratos de exploración y explotación
petrolera con la compañía Savia Perú (antes Petro-Tech) en dos lotes
submarinos frente a la costa limeña que abarcan, cada uno, 875 mil
hectáreas. Se trata de los lotes Z-51 y Z-52 que van desde Huacho hasta
Cañete.


Un tema que cae de sorpresa a los habitantes de esas provincias
litorales y, por supuesto, a los vecinos de la capital. He aquí un tema
más para el debate municipal y una realidad que quizá nos ayude a
comprender el porqué del descontento de los habitantes de otras regiones
del país frente a este tipo de concesiones. Vecinos de Lima,
deportistas y pescadores artesanales ya han manifestado su preocupación
frente a un tema que puede afectar su cotidianidad, sus costumbres, sus
espacios de esparcimiento veraniego y su fuente de trabajo.


El tema trae inevitablemente a colación el mayor desastre ecológico
de la historia, el derrame petrolífero en el Golfo de México. Como se
recordará, una plataforma marina de British Petroleum (BP) explotó hace
tres meses, el 20 de abril, en esa zona costera de Estados Unidos y
recién esta semana se ha empezado a controlar el petróleo derramado, que
ha aflorado incesantemente en cantidades que sobrepasan los 2 millones
190 mil barriles, según los cálculos más conservadores.


Los estragos causados por el gigantesco derrame de BP son profundos y
pasarán décadas hasta que el medio ambiente contaminado regrese a su
estado anterior a la tragedia. No solo se ha afectado el rico y diverso
ecosistema marino en el golfo, con toda su potencialidad de pesca, sino
que se ha dañado el hábitat y centro de reproducción de especies en
riesgo de extinción, amén de haber afectado las playas de hasta tres
estados. Las pérdidas para la industria pesquera, turística y
gastronómica se calculan en varios miles de millones de dólares.

BP ha tenido que crear un fondo para indemnizar a los pescadores y
otros afectados que ha resultado insuficiente de cara a los daños de
mediano y largo plazo, difícilmente cuantificables. Las consecuencias
políticas del desastre han afectado la imagen y popularidad del
presidente Barack Obama.


Hoy los estadounidenses, especialmente los damnificados del sur, han
tomado conciencia de la magnitud del desastre ecológico y exigen
mayores medidas de sanción y prevención.

Volviendo a nuestra realidad es necesario revaluar la pertinencia de
la muy probable instalación de plataformas petroleras a mediano plazo
frente a las playas limeñas. En las playas norteñas —en las que ha
proliferado la extracción de lotes submarinos— ya se han sucedido una
serie de derrames (felizmente pequeños y prontamente controlados),
mientras lugares como el emblemático Cabo Blanco ha visto su paisaje y
horizonte alterados por la presencia de estas inmensas estructuras.

Hay una serie de factores que ha debido evaluar el ente estatal al
tiempo de decidir cómo, cuándo y en qué condiciones se han entregado en
concesión los lotes petroleros en el zócalo continental.

No solo se ha de evitar la contaminación del fondo marino y del mar,
sino obligar a las compañías a revisar sus sistemas de seguridad y
garantizar que las actividades contarán con la necesaria licencia social
de los grupos que se verán afectados.


Un tema que no parece haberse tomado en cuenta a la hora de
concesionar estos lotes es que se encuentran en una zona de alto riesgo
sísmico y donde los expertos —frente a la teoría del silencio sísmico—
prevén un terremoto de proporciones en los próximos veinte años.

Por principio, promovemos la inversión privada en un modelo de
economía social de mercado, competitiva y responsable. Sin embargo, ante
accidentes tan nefastos como el de BP en el Golfo de México tenemos que
enfatizar la necesidad de proteger tanto el ecosistema marino cuanto la
calidad de vida de los ciudadanos y de los espacios naturales en zonas
densamente pobladas como la costa limeña.


En tal sentido sería pertinente contar con una consulta ciudadana.
La democracia es, recordémoslo, un sistema en el que la opinión de la
ciudadanía debe estar representada y ser tomada en cuenta. Y es este
acápite el que quizá nos ayude a comprender desde el centro urbano,
moderno y desarrollista la preocupación y exigencia de consultas de los
pobladores de las zonas rurales frente a actividades que consideran
puedan afectar las fuentes de agua, los ríos y el ecosistema del que
depende su supervivencia y forma de vida.


Daniel Saba, de Perú-Petro, ha expresado que a través de estas y
otras concesiones se espera incrementar en 200% la producción
hidrocarburífera. Falta saber la opinión de los asiduos concurrentes a
las playas: veraneantes, deportistas y pescadores artesanales.